IU-Rincón presenta una moción contra el “tijeretazo de Zapatero”

El Gobierno español ha adaptado unas medidas de ajuste durísimo para atajar los desajustes estructurales de las finanzas españolas: 

 

recorte a los sueldos de los altos cargos de los gobiernos, sus organismos, empresas y fundaciones públicas, de los parlamentos e instituciones democráticas surgidas de los órganos de extracción parlamentaria, así como de la Administración de Justicia; reducción del 5% de los salarios de los empleados públicos; congelación de las pensiones en 2011; retraso a los 61 años de la edad de jubilación parcial; eliminación del carácter retroactivo del cobro de las ayudas a la atención de las personas dependientes; supresión de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo o hija; reducción de las recetas farmacéuticas; reducción en 600 millones de euros de la ayuda al desarrollo; reducción de la inversión pública estatal en 6.045 millones entre 2010 y 2011; establecimiento de un plazo perentorio para la reforma de las cajas de ahorro consistente en la introducción de capital privado y en las fusiones; anuncio de reforma laboral, con o sin acuerdo en el diálogo social; y propósito de reforma del sistema público de pensiones como fruto del debate en la Comisión del Pacto de Toledo en la correlación de fuerzas proclive a los postulados de derechas del actual Congreso de los Diputados.

Son unas medidas absolutamente innecesarias, pues existen otras alternativas, como las que desde la izquierda se han planteado en múltiples ocasiones por Izquierda Unida, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía.

Por todo ello el Grupo Municipal de IU, ha presentado una moción para que el gobierno central anule las propuestas que reducen derechos sociales, por otras medidas sociales para combatir la crisis y el desempleo, que son las siguientes:

Instar a su vez al Gobierno Central a adoptar las siguientes medidas:

1) Medidas para limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada.
2) Medidas para reducir el déficit mediante el aumento de la recaudación fiscal
3) Medidas de actuación sobre las instituciones financieras.
4) Medidas de racionalización del gasto público

Instar al Gobierno Andaluz a adoptar en el ámbito de sus competencias las siguientes actuaciones:

5) Medidas para limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada.
6) Medidas para reducir el déficit mediante el aumento de la recaudación fiscal
7) Ampliar el cuerpo de tributos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
8) Medidas de actuación de la Junta de Andalucía sobre las instituciones financieras que operan en Andalucía.
9) Medidas de racionalización del gasto público andaluz
A continuación se desglosa de forma pormenorizada las medidas propuestas por IU:

2º) Instar a su vez al Gobierno Central a adoptar las siguientes medidas:

A) Medidas para limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada:

1.- Limitar las retribuciones por todos conceptos en la Administración General del Estado, en sus organismos vinculados o dependientes y en cualquier institución de derecho público sometida a la Ley de Contratos del Estado a las aprobadas para el Presidente del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

1.1. En las Instituciones con autonomía para fijar sus retribuciones (Congreso y Senado, Consejo Superior del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de RTVE, etc) el Gobierno deberá propiciar un acuerdo que haga posible esta medida. En todo caso, en el plazo de tres meses hará públicos los ingresos de las personas pertenecientes a todos estos órganos.

1.2. En las Administraciones Autonómicas y Locales, y sus organismos, empresas o fundaciones, vinculados o dependientes del Gobierno posibilitará un acuerdo para lograr el mismo resultado. Igualmente ocurrirá para los Parlamentos autonómicos y los miembros de las Corporaciones Locales.

1.3. En los casos en que en las distintas administraciones existan, eliminar dietas o compensaciones por asistencia a reuniones de órganos en los que el empleado público participa en razón de su cargo.

1.4. Las empresas privadas que paguen retribuciones a sus ejecutivos por encima de las del Presidente del Gobierno no podrán percibir ningún tipo de subvenciones, ayudas, avales o bonificaciones públicas.

2.- Condicionar las ayudas, avales y adquisición de activos de las instituciones financieras a que ninguno de sus directivos perciba retribuciones dinerarias o en especie por encima del salario fijado para el Presidente del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

3.- Condicionar las subvenciones de cualquier tipo a empresas e instituciones, así como cualquier tipo de bonificación fiscal a que ninguno de sus directivos perciba retribuciones superiores a las reconocidas para el jefe del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.


B) Medidas para reducir el déficit mediante el aumento de la recaudación fiscal:

1.- Convocatoria de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para llegar a un acuerdo de reforma fiscal progresiva que pueda presentarse al Parlamento para su aplicación a partir de 1 de enero de 2011. Esta Comisión estudiará, en concreto, entre otras medidas:

1.1. La elevación del 43 al 50% en la tributación del último tramo del IRPF.
1.2. La unificación en la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital
1.3. La instauración de una fiscalidad verde.
1.4. La elaboración de un Plan Ejecutivo contra el fraude fiscal y de reforzamiento de los recursos materiales y humanos de la Agencia Tributaria.

2.- Adoptar en el plazo de tres meses las medidas legales necesarias para suprimir la bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio.

3.- Anular en el plazo de tres meses la legislación favorable a las SICAV y establecer su tributación como sociedades normales.

4.- Presentar en el plazo de tres meses al Parlamento un Plan de Medidas contra la Economía sumergida que permita la reducción de la misma en 3 puntos de PIB durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, lo que permitirá una reducción adicional del déficit superior a 1 punto de PIB anual.

5.- Modificar la Ley del IRPF para que los fondos destinados a la Iglesia Católica o a otras confesiones religiosas se establezcan mediante un incremento voluntario de la cuota.

6.- Modificar la legislación tributaria para eliminar cualquier exención, subvención o bonificación relacionada con los bienes inmuebles o las actividades empresariales de la Iglesia Católica que no estén estrictamente dedicadas al culto.

7.- Reducir en un 15% la asignación concedida a la Casa Real en los presupuestos de 2011, 2012 y 2013.

8.- Solicitar ante la Comisión Europea la supresión de los billetes de 500 euros y, mientras tanto, establecer medidas para hacer aflorar en el consumo los billetes de esta denominación, limitando su uso y circulación a partir del 1 de enero de 2011.

9.- Propiciar por parte del Gobierno español, antes de que termine su período de Presidencia Europea, un programa de convergencia fiscal en el seno de la Unión Europea.

10.- Estudiar y presentar al Parlamento las disposiciones que permitan hacer aflorar “dinero negro” y su conversión en títulos de la deuda pública española bajo condiciones muy estrictas para asegurar la penalización del fraude cometido.


C) Medidas de actuación sobre las instituciones financieras:

1.- Crear un Sistema Público de Cajas de Ahorro, bajo la forma de Empresa o Fundación pública de naturaleza financiera y carácter social, dependiente de su actual Comunidad Autónoma de tutela, vinculadas al territorio y con un sistema mancomunado de gestión del riesgo que podría materializarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por la CECA y/o el ICO.

2.- Condicionar nuevas ayudas o la concesión de licitaciones en concursos públicos a que los beneficios que están obteniendo por las instituciones financieras se destinen al rescate de ayudas y avales y al no reparto de dividendos.

3.- Aumentar en 5 puntos el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.).

4.- Establecer una imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, esto es, hasta que el índice de paro se sitúe por debajo del existente el 1 de enero de 2008, de los bonos, primas y cualquier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones financieras.

5.- Gravar las pensiones de planes privados superiores a la máxima de la Seguridad Social con una imposición extraordinaria del 50%.


D) Medidas de racionalización del gasto público:

1.- Elaborar un catálogo de gastos excesivos y suntuarios de las Administraciones Públicas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.

2.- Modificar la Ley de Contratos del Estado para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos y recoger las recomendaciones del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), así como establecer cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.

3.- Revisar todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones.

4.- Crear una Agencia de Control de la calidad del gasto público.

5.- Suprimir el gasto militar derivado de la participación española en la OTAN y, en concreto, en la guerra de Afganistán.

6.- Reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos para regenerar la democracia, prohibiendo la financiación externa de los partidos políticos, especialmente la derivado de donaciones y subvenciones de entidades financieras o empresas, y controlando estrictamente los ingresos derivados de las donaciones de los militantes a sus propios partidos políticos para evitar que excedan de un tercio del conjunto de retribuciones que reciben aquellos por parte de las instituciones cuyos cargos públicos o puestos de confianza ostenten.

7.- Regular por ley la financiación de los sindicatos y organizaciones patronales que gozan de la consideración constitucional de cauce de representación de los intereses de los trabajadores y los empresarios.


3º) Instar al Gobierno Andaluz a adoptar en el ámbito de sus competencias las siguientes actuaciones:


A) Medidas para limitar los altos salarios tanto en la administración pública como en la empresa privada:

1.- Limitar las retribuciones por todos conceptos en la Administración de la Junta de Andalucía, en sus organismos vinculados o dependientes y en cualquier institución de derecho público sometida a la Ley de Contratos del Estado, a las aprobadas para el Presidente de la Junta de Andalucía en la Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2010.

1.1. Prohibir la pluralidad de ingresos de los altos cargos del Gobierno andaluz, de la Administración de la Junta, de sus organismos, empresas y fundaciones públicas de ella dependientes, y del Parlamento de Andalucía y los órganos de extracción parlamentaria, por retribución de dedicación profesional total o parcial, pública o privada, laboral o mercantil, más allá de las incompatibilidades que por ley deban respetarse. En caso de concurrencia de dos o más fuentes de rentas personales, el interesado deberá optar por la percepción de una de ellas, renunciando a la percepción de las demás. Entre las fuentes de ingresos deberán incluirse las retribuciones de las imposiciones de depósitos a plazo fijo, así como los derivados de cualquier inversión de carácter especulativo.

1.2. En los casos en que en las distintas administraciones existan, eliminar las dietas o compensaciones por asistencia a reuniones de órganos en los que el empleado público o alto cargo o representante institucional o parlamentario autonómico participa en razón de su cargo, incluidas las de representación en entidades de extracción parlamentaria o en cajas de ahorros, u otro tipo de entidad financiera, consejos de administración de instituciones, patronatos, empresas o fundaciones públicas o privadas.

1.3. Las empresas privadas que operen en Andalucía, tanto si tienen su domicilio social en Andalucía como si lo tienen en otro sitio, que paguen retribuciones a sus ejecutivos por encima de las del Presidente de la Junta de Andalucía no podrán percibir ningún tipo de subvenciones, ayudas, avales o bonificaciones públicas procedente de la Junta de Andalucía.

2.- Condicionar las ayudas, avales y gestión de deuda pública por parte de las instituciones financieras andaluzas a que ninguno de sus directivos perciba retribuciones dinerarias o en especie por encima del salario fijado para el Presidente de la Junta de Andalucía en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2010.

3.- Condicionar las subvenciones de cualquier tipo de la Junta de Andalucía a empresas e instituciones, así como cualquier tipo de bonificación fiscal establecida mediante la capacidad normativa de la Junta de Andalucía en materia fiscal, a que ninguno de sus directivos perciba retribuciones superiores a las reconocidas para el Presidente de la Junta de Andalucía en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2010.


B) Medidas para reducir el déficit mediante el aumento de la recaudación fiscal:

1.- Elaborar y poner en marcha un Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y la Economía Sumergida en Andalucía, centrado especialmente en el gran fraude, la lucha contra los paraísos fiscales y en la facturación eludida o falsa.

2.- Dotar a la Agencia Tributaria Andaluza con los recursos humanos y materiales necesarios para lograr la máxima eficacia en el desempeño de sus funciones y una coordinación efectiva con el resto de administraciones tributarias.

3.- Poner en marcha las medidas y actuaciones necesarias para que se haga efectivo el cobro del impuesto sobre tierras infrautilizadas contemplado en los artículos 30 y siguientes de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria.

4.- Ampliar el cuerpo de tributos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la creación de los siguientes:

4.1. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales con el objetivo de gravar el impacto ambiental, territorial y socioeconómico causado por el uso de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico que se desarrolla en torno a este tipo de establecimientos, así como las distorsiones que ocasiona en el sector por la posición dominante que les confiere en el mismo su implantación como grandes establecimientos.

4.2. Impuesto sobre el suelo sin edificar con el objetivo de gravar la titularidad de aquellos terrenos que teniendo como destino natural la edificación, no estén edificados en los plazos establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

4.3. Impuesto sobre edificaciones ruinosas con el objetivo de gravar la titularidad de aquellas edificaciones que, habiendo sido declaradas en ruina, no hayan sido objeto de sustitución o de rehabilitación en los plazos establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

4.4. Impuesto sobre viviendas vacías con el objetivo de gravar la titularidad de aquellas viviendas que no son destinadas al uso residencial.

4.5. Impuesto ecológico sobre las instalaciones de transporte por cable, con el objetivo de gravar el impacto medioambiental causado por las citadas instalaciones.

4.6. Impuesto ecológico sobre las actividades de producción, almacenaje, transporte o transformación de energía eléctrica.

4.7. Impuesto ecológico sobre el impacto ambiental ocasionado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada con el objetivo de gravar el uso o aprovechamiento por actividades industriales del agua embalsada, cuando alteren o modifiquen sustancialmente los valores naturales de los ríos y, en especial, el caudal y velocidad del agua en su cauce natural.

4.8. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos.

4.9. Recargo sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

4.10. Canon sobre el vertido controlado de residuos sólidos urbanos.

4.11. Canon sobre la incineración de residuos sólidos urbanos.

4.12. Canon sobre el vertido controlado de residuos de la construcción y demolición.


C) Medidas de actuación de la Junta de Andalucía sobre las instituciones financieras que operan en Andalucía:

1.- Propiciar la creación de una gran caja de ahorros andaluza, evitando las fusiones extracomunitarias, tanto si son en frío como orgánicas.

2.- Crear un Sistema Público Andaluz de Cajas de Ahorro, bajo la forma de Empresa o Fundación pública de naturaleza financiera y carácter social, dependiente de la Junta de Andalucía,vinculadas al territorio y con un sistema mancomunado de gestión del riesgo que podría materializarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP).

3.- Condicionar nuevas ayudas o la concesión de licitaciones en concursos públicos a que los beneficios que están obteniendo las instituciones financieras que operan en Andalucía se destinen al rescate de ayudas y avales y al no reparto de dividendos.


D) Medidas de racionalización del gasto público andaluz:

1.- Elaborar un catálogo de gastos excesivos y suntuarios de las Administraciones Públicas andaluzas, cuya ejecución esté prohibida, y de un código ético en la aceptación de regalos.

2.- Elaborar informes por parte de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y adoptar medidas por parte del Consejo de Gobierno para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos y recoger las recomendaciones del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), velar por el estricto cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en materia de contratación públicas, así como establecer cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.

3.- Crear una Agencia Andaluza de Control de la calidad del gasto público.

4.- Suprimir el gasto de la Junta de Andalucía derivado de la colaboración o ayuda con la dictadura alauita en Marruecos.

5.- Regular por ley la financiación de los sindicatos y organizaciones patronales que, según la Constitución Española. el Estatuto de Andalucía y las leyes de desarrollo de ambas, gozan de la consideración de cauce de representación de los intereses de los trabajadores y los empresarios.

 

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